La preocupación expresada por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) tras la aprobación del aumento del IEPS del 30% al 50% es un reflejo de las tensiones entre la regulación fiscal y la sostenibilidad de la industria del juego en México. Este incremento, incluido en el Paquete Económico 2026, podría tener repercusiones significativas no solo para los operadores legales, sino también para los apostadores y la economía en general.
El gremio ha señalado que este aumento de impuestos podría incentivar a los apostadores a migrar hacia plataformas ilegales, donde no hay supervisión ni control fiscal por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Esto no solo representaría una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno, sino que también podría poner en riesgo la seguridad de los jugadores, quienes quedarían desprotegidos ante posibles fraudes y prácticas desleales. La AIEJA advierte que este cambio podría crear un entorno de competencia desleal, donde los operadores regulados se verían en desventaja frente a las plataformas no autorizadas.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA, ha enfatizado la necesidad de actualizar la legislación que regula el sector, que data de 1947, y de establecer un diálogo constructivo con las autoridades para abordar las preocupaciones del sector. La falta de una reforma fiscal adecuada que refleje las condiciones actuales del mercado podría obstaculizar el crecimiento y la estabilidad de una industria que genera más de 200,000 empleos directos e indirectos en el país.
Este contexto resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre la regulación fiscal y la promoción de un entorno de juego seguro y responsable. La colaboración entre el gobierno y la industria es esencial para desarrollar políticas que beneficien a todas las partes involucradas y que eviten consecuencias no deseadas.
